Educazione civica spagnola

Educazione civica spagnola

Constitución de Bayona (1808) El siglo XIX, caracterizado de inestabilidad política a causa de los enfrentamientos entre liberales y realistas, se inicia en España con dos hechos relevantes y definitivos:
- en 1808 la llamada Constitución de Bayona prohibió la tortura.
- en 1814 fue abolida la esclavitud en la España peninsular. La Constitución de Bayona en realidad era una " carta otorgada ", ya que fue impuesta por Napoleón. Al margen de no ser de hecho una constitución, fue el primer documento español que recogió en parte el espíritu de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano proclamada en Francia en 1789. Recogía derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad personal y los derechos de los detenidos y los presos. Constitución de Cádiz (1812) En 1812 se aprobó la Constitución de Cádiz. Tuvo una duración efímera, puesto que tras la finalización de la Guerra de la Independencia fue abolida. Fue restablecida, derogada y restablecida de nuevo, siendo sustituida por la Constitución de 1837 y ésta, a su vez, por la Constitución de 1845. En estas constituciones se reconocían los derechos de los detenidos, la inviolabilidad del domicilio y el derecho de propiedad, mientras que la libertad de imprenta y de pensamiento se garantizaban parcialmente. No reconocían la libertad religiosa, el sufragio era censitario y los derechos de reunión y manifestación se contemplaban con limitaciones. Constitución española de 1869 La posterior Constitución de 1869 estableció por primera vez un amplio catálogo de libertades, entre las que se contaban el derecho de asociación, el sufragio universal masculino y la libertad religiosa.

No obstante, la protección real de estos derechos fue relativa. Constitución española de 1876 El periodo de liberalismo progresista iniciado en 1869 finalizó con la Constitución de 1876. Fue la más duradera del siglo XIX, siendo definitivamente derogada, ya en el siglo XX, con el golpe de estado y la dictadura de Primo de Rivera ( 1923-1930 ), que se inició con la prohibición de la libertad de prensa. Constitución española de 1931 La proclamación de la Segunda República dio lugar a la Constitución de 1931, en la que se incluía una amplia declaración de derechos no sólo individuales y de participación política sino también derechos económicos, sociales y culturales. Por primera vez, una constitución española contemplaba el sufragio universal, incluidas las mujeres y en 1932 se abolió por primera vez la pena de muerte. No obstante, factores como la inestabilidad política y social, algunas limitaciones de las libertades y la brevedad del periodo republicano, impidieron que se pudiera consolidar un modelo respetuoso con el ejercicio de las libertades fundamentales. Se produjo una progresiva radicalización tanto de izquierdas como de derechas, una creciente ola de violencia culminó con numerosos atentados contra líderes rivales. En 1936, se sublevaron las guarniciones militares de Marruecos extendiéndose por toda España e iniciando la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil (1936-1939), los derechos y las libertades fueron conculcados tanto en la zona republicana como en la dominada por las fuerzas sublevadas. Sobre el balance final de víctimas, serían alrededor de las 500.000: unas 100.000 en combate, 150.000 a ejecuciones, 250.000 a causa del hambre y las enfermedades. La victoria final de las tropas contrarias a la República y el establecimiento de la dictadura franquista dio paso a la represión. La dictadura franquista se fundamentó en principios ajenos a los sistemas liberales democráticos, por lo que los derechos y las libertades más elementales no se garantizaron. Se perdieron muchos de los avances constitucionales relativos a los derechos de la Constitución de 1931. Durante la República, también se pierden derechos de la mujeres reconocidos en la Constitución de 1931 y se ven reducidas al papel de esposas y madres. Sin el consentimiento del marido no podían administrar sus bienes, trabajar, abrir cuentas bancarias, solicitar el pasaporte o poner una denuncia. El divorcio también se había abolido. Leyes Fundamentales del Reino (1938) Las Leyes Fundamentales del Reino son un conjunto de ocho leyes aprobadas gradualmente a partir de 1938.

Una de estas leyes es el Fuero de los Españoles de 1945, en el que se establecen los derechos y deberes de los ciudadanos. Reconocía teóricamente el derecho a la libertad de expresión, el secreto de la correspondencia, la libre elección del lugar de residencia, la inviolabilidad del domicilio, el derecho de reunión y asociación, y a no ser retenido arbitrariamente por la policía. No obstante, todos estos presuntos derechos estaban condicionados por el artículo 35, que especificaba que podían ser suspendidos total o parcialmente. Carta de la Naciones Unidas (1955) España consiguió el ingreso en las Naciones Unidas en 1955. Su admisión fue el resultado de intereses estratégicos internacionales más que de su adhesión a los principios promulgados en la Carta de las Naciones Unidas. Posteriormente, España se fue sumando a los distintos documentos sobre derechos humanos promulgados por las Naciones Unidas: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y contra la Mujer, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y Convención sobre los Derechos del Niño. Comunidad Económica Europea Los primeros pasos de la Comunidad Económica Europea fueron dados excluyendo a España, cuyo modelo político no cumplía con los requisitos democráticos exigidos por los estados fundadores del proyecto. Durante la Transición, en 1977, se formuló una nueva petición de ingreso que condujo a la firma de la adhesión en 1985. En 1979, España había ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. A partir de su ingreso en la Comunidad Económica Europea, España ha tenido en ella un papel activo en sus distintos frentes, también en aquellos relacionados con los derechos humanos. Constitución española de 1978 Con el paso de los años, la oposición al régimen dictatorial de Franco se había ido organizando y consolidando de forma progresiva. Estas aspiraciones darán lugar, tras la muerte de Franco en 1975, a la llamada Transición y a la aprobación de la Constitución de 1978, con la que se recuperan los derechos y las libertades fundamentales. Durante la Transición, la mayoría de los partidos políticos se opusieron a las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura. Pasada la Transición, algunos sectores de la sociedad española empezaron a reclamar responsabilidades en distintos países de América Latina con posterioridad a las dictaduras de los años 70 y su secuela de homicidios políticos y desapariciones.

Amnistía Internacional, como en otros casos parecidos, ha apoyado estas reivindicaciones. Ley del divorcio (1981) La Ley del divorcio aprobada en 1981 y la Ley del aborto aprobada en 1985 pusieron también de manifiesto la polarización existente dentro de la sociedad española. En sus respectivas aprobaciones, se han visto envueltas en duras polémicas. Ley sobre los matrimonios homosexuales (2005) La tramitación de la Ley sobre los matrimonios homosexuales, aprobada en 2005, modificó el Código Civil, sustituyendo las palabras marido y mujer por cónyuges, y las palabras padre y madre por progenitores. Además amplió el artículo 44 con la afirmación de que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Con esta ley España se convirtió en el tercer país del mundo en permitir los matrimonios entre homosexuales. Ley de Memoria Histórica (2006) Con el objetivo de afrontar esta situación, en 2006 el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de Ley de Memoria Histórica. Tras múltiples negociaciones y modificaciones de su texto, la ley fue aprobada por el Congreso, con la oposición de algunos partidos. Esa ley hace una condena expresa del franquismo, compromete en las tareas de localización e identificación de los desaparecidos y declara la ilegitimidad de los juicios franquistas por condenas y sanciones dictadas por motivos políticos. Educación para la ciudadanía y los derechos humanos (2006) Fue aprobada en 2006 la nueva asignatura Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. El objetivo de la nueva asignatura es forjar una sólida cultura de derechos humanos, basada en los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

No obstante, los ámbitos de la ingeniería genética y la reproducción asistida, así como la eutanasia y el suicidio asistido, en la actualidad se están reproduciendo parecidos enfrentamientos. Recorrido sobre la situación en España Un breve recorrido sobre la evolución y la situación de los derechos humanos en España:
- La transformación de un país empobrecido y de emigrantes en un país próspero y receptor de inmigrantes con la necesidad de respetar los derechos humanos de las personas migrantes.
- La persistencia de la discriminación histórica de la mujer en los distintos ámbitos sociales, a pesar de los avances producidos, así como la violencia contra las mujeres en el hogar.
- El respeto de las minorías, ya sean de tipo racial, religioso o cultural.
- La persistencia de las amenazas terroristas con la reciente incorporación del fundamentalismo islámico.
- La existencia de un " cuarto mundo " dentro de la sociedad española, sumido en la pobreza. El tema de la migración La migración ha sido una constante en la historia humana, es un derecho reconocido y protegido por leyes internacionales. Las causas del fenómeno pueden ser las guerras, el cambio climático y las enormes desigualdades. Amnistía Internacional, una organización global que defiende los derechos humanos, lleva años denunciando los múltiples obstáculos que se encuentran las personas en su intento de entrar en España y la reubicación de las personas refugiadas. Pacto Mundial por una Migración Segura (2018) En diciembre de 2018 el Estado español firmó el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular en Marrakech, que respecta, protege y garantiza derechos a todas las personas, sin discriminación alguna y propiciar vías seguras para la migración. Sin embargo, en marzo de 2019 España tenía más de 100.000 solicitudes de protección internacional colapsadas. Amnistía Internacional continúa exigiendo la necesidad de establecer vías legales y seguras para que las personas migrantes en viajes peligrosos, de poner fin a las devoluciones ilegales en frontera o la urgencia de una solidaridad europea. Situaciones como en las Islas Canarias son un motivo de gran preocupación, donde se han incrementado de manera considerable las llegadas de personas migrantes y la ruta peligrosa ha provocado más de 500 víctimas. La gestión por las autoridades ha estado improvisada, desatendiendo las necesidades básicas de los migrantes. Una vez más, se ha creado un campamento que no respeta las condiciones de dignidad y seguridad de los migrantes y refugiados. También en Melilla y Muelle de Arguineguín se estaban incumpliendo los estándares internacionales sobre las condiciones de acogida de las personas migrantes. En particular, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla ha sido un espacio donde los protocolos sanitarios han sido de deficiente aplicación. Por supuesto, Amnistía Internacional lanzó una campaña solicitando el traslado urgente de las personas a centros adecuados en otras zonas del país.

Criminalización de la solidaridad Otra preocupación es la criminalización de la solidaridad a quienes ayudan a personas migrantes. En los últimos años se han venido desplegando una serie de medidas restrictivas contra personas y grupos que defienden los derechos de la población en movimiento restringiendo el derecho a defender los derechos humanos. En toda Europa se está procesando y hostigando a gente por actos de solidaridad con personas refugiadas y un ejemplo de esta práctica es el caso de la amenaza de multas hasta 901.000 euros al barco humanitario Open Arms. Expulsiones en caliente Amnistía Internacional denuncia además la persistencia de expulsiones “ en caliente ” por parte de las autoridades españolas que no protegen a las personas que podrían estar huyendo de países en conflicto. En 2018, España devolvió a 658 personas. Aunque el Tribunal Constitucional español, en 2020, modificó la Ley de Extranjería introduciendo una nueva figura reguladora de los “rechazos en frontera” aplicable solo a Ceuta y Melilla, este aparente “amparo” judicial no puede hacernos olvidar que las devoluciones sumarias son prácticas que vulneran derechos humanos. Además, la aplicación del Acuerdo de 1992 entre España y Marruecos pretenden hacer de países como Marruecos o Libia contenedores para la migración y cerrar Europa. Hay que exigir cambios tanto en España como en Europa. Los Estados de la Unión deben acoger según su tamaño y capacidad, para que se realice una sociedad más acogedora y solidaria. Todas las personas necesitan la oportunidad de vivir dignamente con independencia de su origen, entonces España y Europa deben abrir rutas legales y seguras para acceder a su territorio, ofrecer una acogida digna y poner fin a las devoluciones ilegales en las fronteras. Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que:
- Aceleren los traslados de personas desde el CETI y la plaza de toros de Melilla y Canarias a la península, hasta que se garantice que todas ellas sean acogidas en condiciones adecuadas
- Reconozcan públicamente los defensores de los derechos humanos y la legitimidad de sus actividades
- Terminen con las prácticas de expulsiones ilegales y apliquen las normas internacionales de derechos humanos y rindan cuentas ante las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en las fronteras.
- Deroguen la disposición adicional de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que busca dar cobertura legal a las expulsiones sumarias de España a Marruecos.
- Garanticen el derecho de asilo, estableciendo mecanismos adecuados que permitan identificar a personas con necesidades de protección internacional, asegurando la presencia de traductores.